La Audiencia Nacional le contesta a la institución Defensor del Pueblo, en julio de 2016, que tiene constancia de que las víctimas de la banda terrorista Eta han sido 864 hasta 2009, pues constata, por diversas fuentes, que existe o existió causa judicial por atentado terrorista, y en los 21 casos en los que por el momento no se ha podido localizar causa judicial se ha constatado, por parte de las fuerzas de seguridad, la atribución de los asesinatos a la banda terrorista. Son cifras para no olvidar, y para pensar en lo que sienten las familias de esas 864 personas.
Hasta muy entrados los años noventa del siglo XX, tras cada atentado se producía un gran silencio. La Guardia Civil y la Policía Nacional proseguían su trabajo, ministros y autoridades acompañaban a las familias de las víctimas y los diarios publicaban en portada las fotos y muestras de dolor que los atentados producían pero la sociedad, en su conjunto, guardó silencio. Fue aquel el silencio de una sociedad asustada, atemorizada que no se atrevía a plantarse ante la banda. Y las familias de las víctimas arreglaban como podían su situación, se marchaban, buscaban refugio en otro lugar. La sociedad española ha tardado mucho en reaccionar.
Poco tiempo antes de que la banda asesinara a Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995, valioso y valiente diputado y concejal delegado de urbanismo del ayuntamiento de San Sebastián, del partido popular, yo, entonces concejal del ayuntamiento de Sevilla, le pedí que me mostrara el nuevo urbanismo de la ciudad y varias iniciativas de carácter social. Así, paseamos por la ciudad, cruzamos parques, subimos a las zonas de edificaciones más recientes y nos asomamos a la playa. No recuerdo que fuéramos acompañados por escoltas, y en ningún momento me transmitió preocupación alguna por su persona, si bien sabía lo que de él pensaban aquellos a los que, poco tiempo antes, se había referido diciéndoles que el mejor lugar para ellos era estar entre rejas.
La Audiencia Nacional ha abierto recientemente una vía muy importante al iniciar procedimientos para juzgar por delitos de lesa humanidad, delitos cometidos por motivos ideológicos o políticos, a quienes dieron las órdenes, señalaron a las víctimas y planificaron la persecución de quienes defendieron la democracia y el estado de derecho: concejales, diputados, fuerzas de seguridad, jueces o sencillamente ciudadanos adultos y niños que vivían en ese estado de derecho, logrado con el esfuerzo de tantos.
Cuando los Aliados se pusieron de acuerdo para celebrar los juicios de Nuremberg, juzgaron a aquellos que dieron las órdenes, a quienes planificaron las muertes, a quienes decidieron quienes y porqué debían morir.
El papa Francisco estuvo en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau el 29 de julio pasado, cruzó bajo ese arco de hierro que quien lo ve no puede olvidar jamás que dice: “el trabajo nos hace libres”, y deambuló por el campo sumido en un apesadumbrado silencio. Detrás estaba todo el horror que dirigentes de aquél estado habían meticulosamente planificado. Por ello, por señalar las víctimas, fijar cómo y cuando tenían que morir, fueron juzgados y sentenciados.
Soledad Becerril
Defensora del Pueblo